Protección total para las águilas perdiceras
Un juez ordena el derribo de un chalet en Jaén por el riesgo para esta especie protegida.
Las águilas perdiceras, una especie protegida y amenazada, no toleran bien la presencia del ser humano en sus dominios, por lo que un juez de Jaén ha ordenado el derribo de un chalet ubicado en el paraje de La Mella, en el término municipal de Jaén, por su cercanía al lugar donde anidan estas aves. El magistrado ha tenido en cuenta también que la construcción carecía de licencia y proyecto técnico y se levantaba en un entorno de interés forestal no urbanizable.
El caso había sido denunciado hace dos años por varias asociaciones de ecologistas y la propia Sociedad Española de Ornitología, ya que el paraje es refugio habitual de águilas perdiceras, una especie en declive, amenazada en España y en Europa y que presenta una "baja tolerancia a la presencia humana".
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén, que atiende la petición de demolición formulada por el fiscal, señala que la construcción pone "en peligro y grave riesgo de mortalidad" a las águilas que anidan en los cortados de la montaña, dado que se levanta muy cerca de los nidos. Aunque la defensa alegaba que en La Mella hay otras construcciones en suelo no urbanizable, la justicia ha resaltado que ninguna de ellas está tan cercana a un punto que merece especial protección, además de la que le corresponde por la normativa urbanística (se trata de un área de interés forestal recreativo), "por el peligro y grave riesgo de una especie protegida y amenazada".
Caminos y viales
Así, en la sentencia se destaca que la amenaza a estas aves procede tanto de la construcción en sí como de los viales y caminos abiertos, al entender que esta obra facilita la labor depredadora de los furtivos sobre las aves adultas, los polluelos y los nidos.
El juez instructor ha tenido en cuenta además la comisión de un delito urbanístico contra la ordenación del territorio por parte del propietario de la vivienda y la empresa constructora, a los que ha condenado a seis meses de prisión, al pago de una multa de 3.600 euros y a una inhabilitación durante seis meses para el ejercicio de la profesión de promotor y constructor, además de asumir los costes de la demolición.
Según consta en el texto, la "enorme" vivienda unifamiliar, aparte del impacto ambiental y visual negativo, carecía de licencia y proyecto técnico, ya que para su construcción se había solicitado una licencia para una caseta para aperos de labranza y un aljibe de agua. En este sentido, el juez critica el "engaño" y considera que hubo "voluntad expresa de quebrantar la legislación"
